Procedimiento simplificado en el tribunal de arbitraje

En las actuales condiciones de desarrollo de la economía y los negocios, los tribunales de arbitraje se ven con la necesidad de solucionar una gran cantidad de disputas económica de forma operativa y efectiva. Por eso cada vez se está haciendo más actual el procedimiento simplificado en el tribunal de arbitraje, que permite acelerar y abaratar el proceso judicial.

Un procedimiento de arbitraje simplificado es un procedimiento para el examen de los casos, en el que el procedimiento judicial se realiza sin celebrar una vista oral y sin citar a las partes en el juzgado. Este orden está previsto por el Código de procedimiento arbitral y se aplica en los casos, cuando ello no es contrario a la ley y no viola los derechos e intereses legítimos de las partes o de terceros.

Las ventajas del procedimiento de arbitraje simplificado son las siguientes:

Ahorro de tiempo y dinero. El procedimiento simplificado permite acortar los plazos de la vista de los casos y reducir los gastos judiciales, ya que no requiere celebrar una vista oral ni citar a las partes.

Accesibilidad. La posibilidad de dirigirse a un tribunal de arbitraje con procedimiento simplificado está disponible para todas las personas interesadas, independientemente de su estatus jurídico y el lugar de estancia.

Flexibilidad. El procedimiento simplificado le permite al tribunal examinar los casos con mayor flexibilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

Sin embargo, también hay que destacar ciertas limitaciones, relacionadas con el uso del procedimiento simplificado.

En primer lugar, sólo se puede aplicar a determinadas categorías de casos especificados en la ley procesal. En segundo lugar, el procedimiento simplificado no le permite a las partes presentar pruebas adicionales o llamar testigos, lo que puede limitar las posibilidades de protección de sus intereses en el juzgado.

El procedimiento de arbitraje simplificado es una herramienta efectiva para la solución de disputas económicas, que proporciona operatividad y ahorro en los gastos judiciales.

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